El proyecto que amplía facultades del presidente Petro para lograr la ‘paz total’

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Tal y como lo había anunciado, el ministro del Interior, Alfonso Prada, radicará este martes en el Congreso el proyecto de ley que prorroga la Ley 418 de Orden Público y que hace parte de la política de ‘paz total’ que quiere implementar el Gobierno.

La iniciativa amplía las facultades que tendría el presidente Gustavo Petro en materia de paz y permite adelantar negociaciones con grupos como el ELN y otras organizaciones ilegales que delinquen en el país.

Uno de los puntos polémicos de la iniciativa está relacionado con la posibilidad de que la paz se convierta en política de Estado, para que todos los gobiernos y las entidades tengan la obligación de cumplir con medidas enfocadas a garantizar el cumplimiento de este principio.

“La política de paz será una política de Estado y en tal sentido, comprometerá a las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público, quienes deberán orientar sus actuaciones a darle cumplimiento. Asimismo, los diferentes gobiernos deberán garantizar la continuidad de las políticas públicas de paz y en consecuencia, tendrán el deber de concluir aquellas que sean fijadas por administraciones precedentes”, indica uno de los apartes del texto.

Se crea la figura de “miembro-representante”, que serán las personas que se deleguen como negociadores de paz por parte de los grupos ilegales y quienes gozarán de algunos beneficios como la suspensión de órdenes de captura para poderse sentar a hablar con el Gobierno.

También se habla de lugares especiales denominados “regiones de paz”, en donde se podrán adelantar dichos diálogos y en cuyos territorios quedarían suspendidas las órdenes de captura con fines de extradición de los miembros del grupo ilegal, además de las acciones militares.

“El presidente de la República, mediante orden expresa y en la forma que estime pertinente, determinará la localización y las modalidades de acción de la Fuerza Pública, siendo fundamental para ello que no se conculquen los derechos y libertades de la comunidad, ni generen inconvenientes o conflictos sociales”, destaca el proyecto.

“El presidente de la República podrá constituir regiones de paz, en las que se adelanten, con su autorización, diálogos de paz. Se priorizará en su conformación, además de los territorios PDET del Acuerdo de Paz, los municipios categorizados como ZOMAC, comunidades de influencia o zonas vulnerables en las que existan graves afectaciones a la población civil y al territorio, y en las que haya ausencia o débil presencia del Estado”, añaden.

Desaparece el principio de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, ya que el proyecto de ley plantea que se podrían suscribir “acuerdos parciales” encaminados a la construcción de la ‘paz total’.

Como lo había anticipado RCN Mundo, también se elimina el servicio militar obligatorio para darle paso a un servicio social para la paz, que le da la posibilidad a los bachilleres de negarse a la posibilidad de ir al Ejército y aportar en actividades relacionadas con la reconciliación en el país, como la atención a las víctimas, o la protección del medio ambiente.